Las restricciones de la pandemia no solo alejaron a los chicos de sus rutinas diarias, del contacto cercano con sus amigos o de la contención del ámbito escolar: también crearon el contexto para que los menores, obligadamente sometidos a la virtualidad y a la interacción casi permanente a través de medios informáticos, estén expuestos al acecho de sujetos perversos y al despliegue de las garras de la pedofilia.
Desde el año pasado los casos de distribución de imágenes de abuso sexual infantil y de ciberacoso (grooming) crecieron de forma exponencial en el país, especialmente en el área metropolitana. Desde principios de este año los procedimientos relativos a esta problemática se multiplican. Entre marzo y el 12 de diciembre pasado, según cifras oficiales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, hubo 43.349 reportes, más del doble de los que se habían registrado entre 2012 y 2019. Fueron 151 por día. Solo con respecto al año anterior el incremento fue cercano al 150 por ciento.
Desde finales de la semana pasada hubo media decena de operativos en la Capital, realizados a instancias de investigaciones de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), creada por el titular del Ministerio Público de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, y dirigida por la fiscal porteña Daniela Dupuy.
Dos casos de transmisión y/o tenencia de imágenes de explotación sexual infantil fueron impulsados a instancias de reportes emitidos desde los Estados Unidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing and Exploited Children – Ncmec) y motivaron allanamientos en Almagro y Pompeya; otro fue fruto de una denuncia por violencia intrafamiliar, en Floresta. Y sobresalieron otros dos casos, en Flores y Villa Lugano: en uno de ellos, un hombre intentaba captar a una niña que hasta el año pasado fue compañera de su propio hijo en la primaria; en el otro, un sujeto con una enfermedad terminal se hacía pasar por profesor de natación y de idiomas extranjeros para hacer ir a chicos a su casa con fines deleznables.
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Ciberacoso y captación de menores, abuso sexual y distribución de imágenes de menores sometidos a vejaciones y violaciones son delitos que están interconectados, parte de un círculo vicioso que se ha convertido en una máxima preocupación a nivel internacional.
A mediados de 2020 ya se había observado en Europa un creciente intercambio de material relacionado con la pornografía infantil en internet en directa relación con la aplicación de restricciones y cuarentenas. En noviembre pasado, la directora de la agencia de coordinación policial de la Unión Europea (Europol), Catherine de Bolle, alertó que el Viejo Continente se había convertido en “el epicentro del alojamiento de imágenes de abuso sexual de niños”. Y la Comisión Europea, en consecuencia, elaboró una estrategia global que incluye medidas de acción y reformas legislativas para proveer mayor protección a los menores en línea.
En la Argentina pasó algo similar, y la Ufedyci tomó nota de las advertencias y enseñanzas europeas y puso más recursos en el impulso de las investigaciones, según confiaron a LA NACION fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Este año se activaron decenas de investigaciones.
“Hemos advertido una importante evolución en los ingresos de casos, con la difusión de fotos y videos de niños y niñas menores de 13 años siendo abusados sexualmente. Los autores de este tipo de delito van sofisticando sus métodos de intercambio de material. El sistema punto a punto (P2P) es el más común, pero también lo hacen en grupos cerrados de WhatsApp y Telegram, servicios que tienen enlaces encriptados entre extremos, lo que resulta, para nosotros, un verdadero desafío informático. Son investigaciones muy difíciles de llevar adelante. Por eso celebramos cuando descubrimos la IP de una de estas personas, conseguimos hacer los allanamientos y logramos comprobar los delitos”, dijo a Dupuy a LA NACION.
Los operativos
La semana pasada fue activa en materia de operativos contra la pedofilia. Entre el miércoles y el viernes la Ufedyci encabezó cinco allanamientos, con el auxilio de detectives del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y de la División Delitos Cibernéticos contra la Infancia Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad.
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El primero fue el 10 de este mes, en un domicilio de Almagro, al que se llegó a partir de un reporte de la Ncmec que reveló que “un usuario de la Argentina habría distribuido material de explotación sexual infantil utilizando la plataforma de email de la firma Yahoo!”. Por orden de la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas Rocío López Di Muro fue identificado en el lugar un sospechoso al que, además de secuestrársele diversos dispositivos informáticos, se le impusieron restricciones a la libertad, entre ellas, la prohibición de contactarse con menores de edad y concurrir todas las semanas ante la Fiscalía.
Un día después, la jueza Cristina Lara ordenó el allanamiento de una casa en Floresta para “corroborar la tenencia de imágenes de explotación sexual infantil por parte de un ciudadano que había sido denunciado por su ex pareja en un contexto de violencia intrafamiliar”, según informó el Ministerio Público Fiscal. Se le notificó al sospechoso la formación del proceso y se le secuestraron dispositivos electrónicos.
El 12, en tanto, otro reporte de la Ncmec llevó a la jueza porteña Carla Cavalieri a allanar la vivienda desde la cual, según los indicios, un usuario de Facebook habría distribuido imágenes de explotación sexual de menores.
“Hemos advertido una importante evolución en los ingresos de casos, con la difusión de fotos y videos de niños y niñas menores de 13 años siendo abusados sexualmente. Los autores de este tipo de delito van sofisticando sus métodos de intercambio de material. El sistema punto a punto (P2P) es el más común, pero también lo hacen en grupos cerrados de WhatsApp y Telegram, servicios que tienen enlaces encriptados entre extremos, lo que resulta, para nosotros, un verdadero desafío informático. Son investigaciones muy difíciles de llevar adelante. Por eso celebramos cuando descubrimos la IP de una de estas personas, conseguimos hacer los allanamientos y logramos comprobar los delitos” Daniela Dupuy (fiscal titular de la Ufedyci)
